Para muchos españoles ha sido una sorpresa el hecho de que en estos últimos meses, cargados de intensidad informativa, haya salido de nuevo a la luz la cuestión del difícil encaje de la sociedad leonesa en el Estado autonómico, un asunto sobre el que quiero contribuir con diversos datos para mostrar la profundidad del problema.
Es este un conflicto que me interesó vivamente desde los momentos iniciales de la conformación del Estado de las Autonomías, un proceso al que dedicamos largas conversaciones don Claudio Sánchez Albornoz y yo, cuando ambos residíamos en Buenos Aires. Ni a él ni a mí nos gustaba lo que estaba ocurriendo en España en este sentido. A don Claudio le dolía especialmente el maltrato a Castilla, comunidad que quedó mutilada en el diseño autonómico, en tanto que a mí me enojaba especialmente la eliminación de la comunidad histórica de León.
Para don Claudio, era una injusticia trocear Castilla la Vieja, como se hizo, y tenía más sentido incorporar otros territorios de la Corona, como, por ejemplo, Castilla la Nueva y León, para hacer un estado autonómico con verdadero peso en Europa.
Recuerdo las animadas conversaciones en su casa, un diminuto piso en el que no había espacio para tantas publicaciones y donde, para hacer uso del baño había que retirar los montones de libros que se apilaban en la tapa del inodoro y colocarlos en la pila del lavabo, el único sitio que quedaba libre.
Le dolía a don Claudio la partición de Castilla, y sobre todo el tema de Santander… “No son cántabros, de tomar el nombre prerromano habrían de llamarse cantabrones”, decía con dolor, al ver las invenciones territoriales de aquellos presuntos “hombres de Estado” que repartían el territorio sin criterios históricos, como se hizo con las colonias africanas.
Por mi parte, argumentaba, que tal como se estaba rediseñando el país, era una aberración histórica suprimir un territorio histórico, esencial en la construcción de España, que era León. Era inconcebible una España autonómica sin una autonomía leonesa. León y Castilla, junto con otros territorios, integraban una misma Corona; pero también Aragón integraba una corona junto con otros territorios históricos y no se suprimía ninguno de ellos. ¿Se imaginan a Cataluña o Valencia gobernada desde Zaragoza?
Al final ni se hizo una región poderosa, ni se respetó el derecho leonés a tener autonomía propia como el resto de los territorios históricos españoles. Los lamentables estrategas que diseñaron el reparto del territorio y la organización del Estado, crearon un sistema ineficiente y dejaron hondas heridas que siguen muy vivas.
Los leoneses manifestaron su disgusto desde el principio. Ni los ayuntamientos ni la sociedad aceptaron el hurto del derecho al autogobierno, derecho concedido al resto de regiones, e incluso a algunas comunidades surgidas de nuevo cuño. La masiva manifestación del 4 de mayo de 1984 contra aquella decisión, que reunió a más de 90.000 personas en León fue la mayor movilización de este tipo en la capital leonesa, y puso de manifiesto un rechazo profundo al reparto autonómico.
Ahora, otra manifestación volvió a reunir en León a varias decenas de miles de personas, en demanda del fin de la marginación económica, social e institucional. No fue una protesta por problemas ecónomicos, como quieren ver algunos, fue el clamor de una sociedad que acumula cuatro décadas de profunda decadencia por el derecho a existir.
Mientras España ha gozado de más de cuarenta años de crecimiento, los territorios leoneses han avanzado hacia la nada. Un dato demográfico lo manifiesta. La provincia de León está a la cabeza del hundimiento poblacional de España. Entre los datos de 1975 (fecha de la muerte de Franco) y el padrón del INE del pasado mes de julio, había disminuido en 68.304 habitantes. Alguno de los lectores puede pensar que es algo común a la España del interior. Es falso. En el mismo periodo en que se hundía demográficamente León, Valladolid crecía en 73.267 habitantes y Logroño (La Rioja) en 74.253.
Hay territorios que funcionan y otros no, y la organización arbitraria del mapa autonómico es culpable en buena medida de la existencia de una llamada España vaciada.
Hasta el final del franquismo, las provincias eran el segundo escalón en la administración del territorio, tras el Gobierno Central. Las autoridades de cualquier provincia presentaban iniciativas y demandas directamente ante el ministerio correspondiente. Una vez en funcionamiento el Estado autonómico, la provincia pasó a ser el tercer escalón, y en el caso de la Comunidad de Castilla y León -con un funcionamiento centralizado y una superficie mayor que la de Portugal o Hungría- León, Zamora o Salamanca son aún más periféricas que en los tiempos del Estado centralizado.
El desplome de la población corre parejo a otras estadísticas del territorio. Si en 1975 la provincia de León estaba en el puesto 25 del escalafón provincial por su riqueza (datos del PIB) en la actualidad está en el 35 (datos de 2017). Salamanca y Zamora caminan en la misma senda. Salamanca está en el 40 y Zamora en el 46. El PIB del conjunto de la provincia de Zamora, es tan sólo dos veces el de la ciudad de Ceuta.
La pobreza y desamparo de la población es también visible en cuanto a las estadísticas de renta per cápita. La media en los territorios castellanos estaba por encima de los 25.000 euros (datos de 2017) en tanto que en las provincias leonesas era de algo más de 20.000.
Los escasos estudios demoscópicos sobre la materia muestran que en la provincia de León hay mayoría de personas que apuntan al deseo de gozar de autonomía propia. Y el disgusto crece en Zamora y Salamanca. Para los inconformistas, el hecho de estar gobernados desde fuera de la región significa una negación de la historia, una injusticia, y causa de atraso y abandono.
Hace unas semanas algunos parecieron sorprenderse al comprobar que centenares de personas habían firmado un manifiesto contra el abandono económico, político e institucional, en el que figuraban las firmas de destacadas personalidades como Antonio Gamoneda, José María Merino, Juan Carlos Mestre, Juan Pedro Aparicio, Julio Llamazares o Rogelio Blanco. Todos estos no son peligrosos revolucionarios, sino gentes que ven la realidad del problema.
Algunos, en lugar de buscar el trasfondo del tema, descalificaron las legítimas aspiraciones calificándolas de independentistas, cantonalistas u otras rancias y apresuradas interpretaciones, sin valorar que entre los firmantes de la demanda hay una exigencia de justicia histórica y un claro afecto a España y a sus territorios.
No hay tampoco desapego a Castilla, tierra hermana en la historia y compañera en la construcción de España, y tierra -como la leonesa- castigada en la construcción del Estado de las Autonomías.
Lo que resulta evidente –incluso para quienes no quieren verlo- es que tras la desafortunada experiencia autonómica mixta actual, aumenta la convicción de que el único medio capaz de corregir la injusticia es la descentralización real del poder político, algo que la Región Leonesa no conoce todavía, tras más de cuarenta años de la muerte de Franco.
Los dirigentes políticos negacionistas, que se niegan a ver la realidad, lejos de reprimir las manifestaciones en pro de una autonomía, como están haciendo desde algunos partidos, deberían tomar conciencia de que es necesario cerrar esta herida cada vez más abierta, y poner fin a la decadencia de parte importante del interior del país. De lo contrario, la marea de inconformidad acabará nutriendo alternativas de dudosa calidad democrática.
